Lima, Perú.
La propuesta de Keiko Fujimori toca un tema muy sensible en el Perú: cómo enfrentar la criminalidad sin vulnerar los derechos fundamentales. La idea de retomar los llamados “jueces sin rostro” remite directamente a las políticas aplicadas durante el gobierno de Alberto Fujimori en los años 90, en plena lucha contra grupos como Sendero Luminoso y el MRTA.
Este sistema permitía que los magistrados juzgaran a acusados de terrorismo sin revelar su identidad, con el objetivo de protegerlos de represalias. Sin embargo, fue duramente criticado por organismos internacionales porque limitaba el derecho a la defensa y el debido proceso, lo que llevó a su eliminación tras sentencias internacionales.
El debate actual gira en torno a un dilema clásico: seguridad vs. derechos humanos. Quienes respaldan este tipo de propuestas argumentan que la situación de inseguridad exige medidas excepcionales y más duras.
