Lima, Perú.
La investigación fiscal sobre la presunta suplantación de funciones de la presidenta Dina Boluarte durante el periodo en que se habría sometido a una cirugía estética ha generado nuevas dudas. Un reciente informe revela irregularidades en el peritaje grafotécnico que buscaba validar la autenticidad de su firma en decretos y resoluciones oficiales.
El análisis, a cargo del perito José Daniel Huapaya Verástegui, fue ordenado por la Fiscalía de la Nación y concluyó que la firma de Boluarte en 91 normas oficiales emitidas entre el 26 de junio y el 10 de julio de 2023 era auténtica. La defensa de la mandataria, liderada por el abogado Juan Carlos Portugal, celebró públicamente el resultado. No obstante, el procedimiento ha sido severamente cuestionado.
⚠️ ¿Qué falló en el peritaje?
Según reveló el semanario Hildebrandt en sus trece, el informe final no incluyó el análisis de varios decretos clave emitidos durante el tiempo en que Boluarte, supuestamente, no podía ejercer funciones debido a una cirugía estética. Además, el informe fue entregado con casi un mes de retraso, justo después de que la acusación constitucional ingresara al Congreso.
Esa demora tuvo un impacto legal importante: el delito de falsedad genérica —el más grave de los imputados inicialmente— fue excluido de la denuncia constitucional, limitando la acusación a los delitos de abandono de cargo y omisión de funciones.
🔍 ¿Por qué importa?
El peritaje era una pieza central en la investigación fiscal que intentaba establecer si las funciones presidenciales fueron ejercidas por otra persona o si hubo una suplantación de firma en documentos oficiales. De confirmarse, podría haber implicado delitos que contemplan penas de cárcel efectivas.
El cuestionamiento al peritaje no solo pone en entredicho la validez de las conclusiones del Ministerio Público, sino también el tratamiento judicial de un caso que ha escalado al Congreso y que pone bajo la lupa la transparencia del gobierno y la independencia de las investigaciones fiscales.
