Lima, Perú.
La controversia surge tras una resolución de la Corte Superior de Justicia de Lima, que responde a una acción de amparo interpuesta contra el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN).
El pronunciamiento del Ejecutivo, difundido a través de la cuenta oficial de la PCM en X, inicia señalando: “Siendo de conocimiento público el proceso judicial iniciado por el consorcio privado Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A., la Presidencia del Consejo de Ministros informa lo siguiente:”. A partir de esa introducción, el Gobierno desarrolla una posición institucional que combina la defensa de la inversión privada con la reafirmación del marco regulatorio peruano.
La empresa administradora del puerto también había emitido su propio pronunciamiento. A través de su abogado, Ramiro Portocarrero, sostuvo que la resolución judicial reconoce expresamente la naturaleza privada del proyecto. Según explicó, el Puerto de Chancay es una infraestructura financiada íntegramente con capital propio, sin contrato de concesión estatal, y que opera bajo una habilitación administrativa otorgada por la Autoridad Portuaria Nacional (APN).
De acuerdo con la interpretación de la compañía, el fallo establece que las competencias de OSITRAN para ejercer labores regulatorias sobre esta infraestructura serían limitadas. La sentencia, según la posición empresarial, señala que el hecho de que el puerto brinde servicios de uso público no modifica su esencia privada ni habilita automáticamente la aplicación de un régimen regulatorio integral. El juzgado habría determinado que la intervención del Estado en este tipo de infraestructuras debe ser excepcional, expresa y limitada conforme a la normativa vigente.
